Preguntas frecuentes sobre la Propuesta 41
P: ¿Qué hace la Propuesta 41?
R: La Propuesta 41 exige que el Auditor del Estado, como organismo independiente, lleve a cabo auditorías públicas de rendimiento y financieras de los programas financiados con los nuevos impuestos propuestos, lo que aporta transparencia y rendición de cuentas del gobierno en las decisiones de gasto antes de que los votantes las aprueben.
Los californianos pagamos unos de los impuestos más altos del país, además de tener un elevado coste de vida. Miles de millones de dólares de nuestros impuestos se han destinado a programas estatales, como las iniciativas para las personas sin hogar, con muy pocos resultados que mostrar a cambio. Merecemos una mejor educación, sanidad, infraestructuras y otros servicios a cambio del dinero que tanto nos cuesta ganar y que pagamos al Estado.
La Propuesta 41 (2026) sitúa las auditorías independientes y los resultados medibles en el centro de la forma en que California financia los programas con los nuevos ingresos fiscales, para que dejemos de financiar el fracaso y empecemos a financiar resultados exitosos.
P: ¿La Propuesta 41 sube los impuestos?
R: No. La Propuesta 41 no crea ni aumenta ningún impuesto; protege los intereses de los contribuyentes al:
-
Identificar las deficiencias de los programas y recomendar soluciones, con el fin de contribuir a obtener mejores resultados con el dinero de nuestros impuestos;
-
Reducir el despilfarro y el fraude que han costado a los contribuyentes de California miles de millones de dólares en los últimos años; y
-
Exige que todos los impuestos cumplan con el límite de gasto aprobado por los votantes del estado, incluido el requisito de que los ingresos excedentes se devuelvan a los contribuyentes.
La Propuesta 41 garantiza que los contribuyentes obtengan mejores resultados, no solo una factura fiscal más elevada.
P: ¿Cómo funcionan las auditorías?
La Propuesta 41 exige que el Auditor del Estado de California, de carácter independiente, revise los programas que se financiarían con un impuesto especial nuevo o de mayor cuantía propuesto a los votantes de California. La primera revisión tiene lugar antes de que el impuesto se someta a votación.
Una vez que una iniciativa de impuesto especial recaba el 25 % de las firmas necesarias para ser admitida a trámite, el Auditor del Estado audita cada programa que recibiría los fondos, analizando si el programa está alcanzando sus objetivos, cómo se gastan los fondos y dónde pueden existir casos de fraude, despilfarro o abuso. En la Guía de Información para el Votante se publica un resumen de las conclusiones para que los votantes puedan consultarlo antes de votar. Si los votantes aprueban un nuevo impuesto especial, el Auditor del Estado vuelve a revisar los programas financiados cada cuatro años y solicita la opinión del público.
Las auditorías dan lugar a conclusiones y recomendaciones, y ambas son públicas. Las decisiones sobre la financiación siguen recayendo en los votantes y en la Asamblea Legislativa, tal y como ocurre en la actualidad, y la Oficina del Analista Legislativo, de carácter no partidista, señala que aplicar las recomendaciones «podría traducirse en ahorros o en una mejora de los servicios con los niveles de financiación actuales». Un programa financiado mediante un nuevo impuesto especial se revisa antes de que se realice cualquier cambio en su financiación. Para obtener una explicación detallada, consulta nuestra guía explicativa aquí.
P: ¿Quién lleva a cabo las auditorías?
R: Las auditorías las lleva a cabo el Auditor del Estado de California, un organismo independiente y no partidista encargado de la supervisión fiscal del estado, y se difunden ampliamente entre el público, incluso en la Guía de Información para el Votante. Las auditorías financieras y de rendimiento deben:
-
Hacer un seguimiento de todo el gasto del programa y evaluar si está logrando los resultados previstos;
-
Determinar si los programas cuentan con una supervisión y una rendición de cuentas suficientes;
-
Identificar áreas de despilfarro, fraude y abuso; y
-
Recomendar cómo se puede evitar el despilfarro y el fraude en el futuro y cómo se puede mejorar la eficacia de los programas.
En virtud de la Propuesta 41, el Auditor está obligado a revisar los programas financiados por las nuevas medidas fiscales propuestas antes de que los votantes emitan su voto y a realizar auditorías continuas si dichas medidas se aprueban.
P: ¿Qué ocurre si una auditoría detecta problemas?
R: Si el auditor del Estado identifica problemas relacionados con la supervisión, la rendición de cuentas o el rendimiento de los programas, dichos hallazgos se incluyen en la Guía de Información para el Votante, de modo que los votantes puedan tomar una decisión más informada.
Si se aprueba una medida, las auditorías posteriores continúan evaluando cómo se gastan los fondos, identifican áreas de mejora y recomiendan formas de aumentar la eficacia de los programas con el tiempo, de modo que estos rindan cuentas ante quienes los financian: los contribuyentes.
La auditoría no decide si una medida se aprueba o se rechaza; proporciona a los votantes información independiente antes de que emitan su voto.
P: ¿Qué significa la Propuesta 41 para la educación, la sanidad y otros programas públicos?
R: Cada dólar de los impuestos que malgastamos es un dólar que realmente podría ayudar a alguien. La Propuesta 41 está diseñada para mantener la disciplina fiscal junto con la inversión pública. No recorta ni elimina la financiación destinada a la educación, la sanidad u otros servicios públicos, y ayuda a garantizar que los programas financiados por los contribuyentes sean transparentes, rindan cuentas y ofrezcan resultados. Nos merecemos mejores servicios a cambio del dinero que, con tanto esfuerzo, pagamos al Estado.
La Propuesta 41 exige una mayor rendición de cuentas, transparencia y un progreso cuantificable en los programas financiados con nuestros impuestos, como el de las personas sin hogar, para que dejemos de financiar el fracaso y empecemos a financiar resultados exitosos.
P: ¿La Propuesta 41 dificulta que las iniciativas cumplan los requisitos para ser sometidas a votación?
R: No. La Propuesta 41 no modifica el proceso de iniciativa popular ni impide que las medidas se incluyan en la papeleta electoral. Los partidarios de una iniciativa pueden seguir recogiendo firmas, presentar sus propuestas y hacer campaña a favor de ellas tal y como lo hacen hoy en día.
La diferencia es que, en virtud de la Propuesta 41, los programas que vayan a financiarse con nuevos impuestos se someten a una evaluación antes de que los votantes emitan su voto. Las conclusiones del auditor deben publicarse en la Guía de Información para el Votante, de modo que los votantes tengan acceso a información independiente sobre cómo se gestionan los programas y si realmente necesitan más financiación. Los votantes merecen poder tomar decisiones informadas sobre los nuevos impuestos sin tener que depender de la información proporcionada por grupos de interés o políticos.
P: ¿Quién paga las auditorías?
R: Si se aprueba una medida fiscal, el coste de las auditorías obligatorias se sufraga con los ingresos generados por dicha medida. Si los votantes rechazan la medida, los costes de las auditorías se sufragan con cargo al Fondo General del Estado.
Muchas medidas fiscales a nivel estatal recaudan cientos de millones —o incluso miles de millones— de dólares a lo largo del tiempo. La Propuesta 41 garantiza que una pequeña inversión en supervisión independiente ayude a los contribuyentes a saber si ese dinero se está gastando de forma eficaz y si está produciendo los resultados prometidos
P: ¿Quién apoya la Propuesta 41?
La Propuesta 41 cuenta con el respaldo de una coalición formada por pequeñas empresas, contribuyentes, defensores del buen gobierno, contables y expertos en auditoría. Entre los que la respaldan se encuentran la Sociedad de Contables Públicos Certificados de California, el excontralor del Estado Steve Westly, el exauditor general de California Tom Hayes, la Conferencia Estatal de la NAACP de California y Hawái, la Alianza de Personas Mayores de California, la Cámara de Comercio de California, la Oficina Agrícola de California, la Asociación de Contribuyentes de California y las Cámaras de Comercio Hispanas de California, junto con docenas de cámaras locales, asociaciones de contribuyentes y asociaciones económicas regionales de todo el estado.
Entre los apoyos también se incluyen organizaciones y cargos públicos demócratas. El Club Demócrata Chino-Estadounidense, los Jóvenes Demócratas de San Bernardino y los Demócratas Universitarios de Sacramento State han respaldado la Propuesta 41, al igual que Steve Westly, un demócrata que ocupó el cargo de Contralor del Estado. Entre los cargos públicos locales que la han respaldado se encuentran el auditor-contralor del condado de Riverside, Ben Benoit, y concejales y alcaldes de toda California. La lista completa y actualizada de los que la respaldan se encuentra en yesonprop41.org/endorsements.
P: ¿Cómo refuerza la Propuesta 41 la protección de los contribuyentes?
R: La Propuesta 41 exige que todas las futuras medidas fiscales estatales cumplan con el límite de gasto constitucional de California aprobado por los votantes. Esto significa que las futuras medidas deberán seguir las mismas normas constitucionales que ya se aplican al gasto estatal, incluido el requisito de que los ingresos excedentes se devuelvan a los contribuyentes cuando se supere el límite de gasto.
La Propuesta 41 garantiza una aplicación coherente del límite de gasto, de modo que las futuras medidas fiscales estatales sigan las mismas normas constitucionales que ya rigen el gasto estatal, incluido el requisito de que los ingresos excedentes se devuelvan a los contribuyentes.